P.R.A.X.I.S.
Medio de Comunicación Independiente | Medellín, Antioquia
Plataforma periodística estructurada bajo el análisis de datos de fuentes abiertas (OSINT) y el periodismo forense. Documentamos el impacto de las políticas públicas en el territorio, auditamos la contratación estatal y proporcionamos herramientas para la veeduría ciudadana. Opuestos al modelo de pauta condicionada, el dato documentado rige nuestra línea editorial.
Archivo de Investigación
Ver Historial Completo →
"El péndulo del terror: Atentados, zozobra y la instrumentalización del miedo en época electoral"
La sincronía entre el recrudecimiento de la violencia armada y los calendarios electorales en Colombia no es una anomalía, es un ciclo histórico. A escasas semanas de los comicios presidenciales, el país vuelve a ser testigo de cómo el terrorismo irrumpe en los centros urbanos, desatando una onda expansiva que destruye la tranquilidad material y, simultáneamente, alimenta las maquinarias de propaganda política de las distintas facciones de poder. La mañana del 24 de abril de 2026, la violencia se materializó en el sur de la capital del Valle del Cauca. Alrededor de las 10:40 a.m., un vehículo tipo buseta —adaptado de manera artesanal con rampas— estalló en las inmediaciones del Batallón Militar Pichincha. El operativo criminal buscaba lanzar cilindros bomba hacia el interior de la instalación castrense. El informe del CTI y el Ejército confirmó que dos mujeres civiles resultaron heridas y se presentaron daños de infraestructura. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, en gran parte debido a que la mayoría de los cilindros no detonaron y debieron ser desactivados de manera controlada por técnicos antiexplosivos. ## La materialidad del hecho y la capitalización del pánico Frente al pánico desatado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazaron enérgicamente el ataque. Exigieron al Gobierno Nacional acciones contundentes, argumentando que el terrorismo opera desde las montañas del sur del Valle y norte del Cauca, utilizando a Cali como laboratorio delictivo. Sin embargo, más allá del reclamo urgente de seguridad por parte de las autoridades locales, el evento fue absorbido y mutado inmediatamente por el ecosistema mediático y político nacional. La teoría de las mediaciones nos advierte sobre cómo se encuadra el miedo. En tiempos preelectorales, el terror no se informa; se instrumentaliza. Históricamente, las élites políticas han utilizado estos picos de violencia para revitalizar las narrativas de la "seguridad democrática" y la "mano firme". El miedo ciudadano se convierte en la moneda de cambio perfecta para polarizar al electorado, simplificando crisis complejas de orden público y control territorial en un teatro de acusaciones donde se culpa sistemáticamente a los adversarios políticos, demonizando las posturas contrarias y saturando las redes con desinformación. ## La veeduría frente al show mediático El deber del periodismo forense es frenar este péndulo. Es imperativo condenar la barbarie de los actores armados que usan las ciudades como tablero de guerra y a la población civil como daño colateral. Pero simultáneamente, la ciudadanía debe ejercer una auditoría radical sobre cómo las estructuras de poder empaquetan esta violencia. Ni el negacionismo que intenta blindar a la administración de turno, ni la capitalización del pánico por parte de quienes exigen regresar a doctrinas de guerra total, solucionan la fractura estructural del territorio. La soberanía no se logra cediendo ante el terror, ni tampoco comprando discursos salvadores impulsados por el pánico mediático. Exige transparencia, presencia estatal efectiva y la deconstrucción del show político que se lucra con la zozobra.
Consultar Expediente →El secuestro del patrimonio. Opacidad y contratación en la nueva Fábrica de Licores de Antioquia
En el ecosistema político antioqueño, el manejo de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es el principal barómetro para medir la transparencia o la putrefacción de una administración. Como la joya de la corona del departamento y su principal fuente de recursos para salud y educación, sus finanzas deberían operar bajo un régimen de cristalinidad absoluta. Sin embargo, el periodismo de datos demuestra que la actual Gobernación ha optado por el oscurantismo. En noviembre de 2020, mediante la Ordenanza No. 19 de la Asamblea Departamental, la FLA fue transformada formalmente en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE). La narrativa oficial del entonces gobierno fue la "modernización" y la necesidad de competir en igualdad de condiciones en el mercado de licores. Seis años después, la auditoría clínica sobre las plataformas de contratación estatal evidencia que esta figura jurídica se ha instrumentalizado como un cortafuegos administrativo. Al adquirir la naturaleza de EICE, la entidad quedó facultada para regir gran parte de sus actos y contratos comerciales bajo el derecho privado, esquivando las licitaciones públicas transparentes que exige la Ley 80 de 1993. ## La privatización del secreto El Estado no puede comportarse como un feudo privado. La Ley Estatutaria 1712 de 2014 es clara respecto al principio de máxima divulgación de la información pública. A pesar de esto, las solicitudes de información emitidas por la veeduría ciudadana y la prensa alternativa frente a los estados financieros y los criterios de selección de megacontratistas son sistemáticamente rechazadas. La excusa institucional se ampara en el "secreto comercial" y la "competitividad del mercado". > "Se apropian del discurso de la eficiencia empresarial para esconder a quién le entregan los márgenes de distribución. Al aplicar el derecho privado, adjudican a dedo contratos multimillonarios. No es secreto industrial, es opacidad premeditada para proteger el pago de favores políticos con el dinero que debería financiar los hospitales del departamento." Este blindaje no es un error de diseño; es una arquitectura legal implementada deliberadamente para alejar el escrutinio social. La comunicación vertical del establecimiento emite balances de ventas históricos en sus comunicados de prensa, pero oculta la letra chica de los contratos que benefician a oligopolios de la distribución históricamente vinculados al financiamiento de campañas electorales en Antioquia. ## Despliegue de Control y Transparencia Ante la negativa del Gobernador y la Junta Directiva de la FLA de rendir cuentas sobre el patrimonio colectivo, la acción periodística debe transmutar en acción jurídica. El hermetismo estatal solo se quiebra mediante el peso de la ley. Desde la redacción de P.R.A.X.I.S., se ha activado la fase de despliegue administrativo. La radicación de derechos de petición exigiendo la apertura total de los manuales de contratación de distribuidores está en curso. La previsible negación de la corporación será el insumo probatorio para escalar a la radicación masiva de acciones de tutela por violación al derecho fundamental de acceso a la información pública, sentando un precedente contra la perversión de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. El patrimonio de Antioquia no le pertenece a los directorios políticos ni a los intermediarios del alcohol. La recuperación de la soberanía ciudadana comienza exigiendo que el Estado deje de comportarse como un cartel corporativo.
Consultar Expediente →26 Abril 2026El asfalto no se barre con la vida. Persecución institucional en el Parque Berrío
El poder hegemónico siempre requiere eufemismos para legitimar su violencia. En Medellín, la administración local ha perfeccionado el término "recuperación del espacio público" para enmascarar un proceso agresivo de limpieza social estética. En el Parque Berrío, el epicentro neurálgico de la ciudad, esta asimetría de poder se materializa diariamente sobre los cuerpos de más de 400 mujeres tinteras. No estamos ante un simple problema de "orden urbano". Estamos observando la destrucción planificada de un modelo de Diseño Comunal y Autonomía, tal como lo define el teórico Arturo Escobar. La calle no es un lienzo vacío esperando la gentrificación corporativa; es un territorio de resistencia popular donde las mujeres construyen tejido social y subsistencia. La persecución policial y el decomiso de sus herramientas de trabajo anulan su condición de sujetos políticos y las reducen a "obstáculos" visuales para la alcaldía. ## La inconstitucionalidad del desalojo El análisis clínico del accionar institucional expone un desacato sistemático de la ley. La Constitución Política de Colombia consagra el Derecho al Trabajo en su Artículo 25. Más aún, la Corte Constitucional, a través de las Sentencias T-772 de 2003 y la unificadora SU-087 de 2022, es inflexible: el Estado no puede ejecutar desalojos o persecuciones contra vendedores informales amparados bajo el "Principio de Confianza Legítima" sin antes proveer alternativas económicas reales y comprobables. > "Cada vez que vemos acercarse un operativo de espacio público, no vemos orden, vemos la amenaza directa de quedarnos sin con qué alimentar a nuestros hijos en la noche. Llevamos décadas construyendo nuestra economía aquí, pero para ellos seguimos siendo invasoras." El testimonio recolectado en terreno expone el fracaso de la Ley 1988 de 2019. Las políticas públicas diseñadas para la formalización y protección de los vendedores informales son reemplazadas por la fuerza coercitiva y el hostigamiento. ## El dato mata el relato La contranarrativa de P.R.A.X.I.S. no se detiene en la indignación moral; exige auditoría. Ante la evidencia fotográfica de la violencia institucional desplegada en el Parque Berrío, el siguiente vector operativo es el Control Político. Se radicarán los derechos de petición correspondientes bajo la Ley 1755 de 2015 para obligar a la administración a entregar los planes técnicos de reubicación y el presupuesto asignado para salvaguardar a estas mujeres. Desplazar a las clases precarizadas de los centros urbanos no es "desarrollo", es despojo. Es el uso de la fuerza pública para proteger los intereses del capital inmobiliario frente a quienes sostienen la economía a escala humana. Mientras el cemento avance sobre el territorio, la cámara y el dato seguirán siendo nuestras herramientas de veeduría innegociable.
Consultar Expediente →Líneas de Investigación y Veeduría
Medidas de Seguridad para Fuentes y Veedores:
1. Determine la línea de investigación correspondiente.
2. Abra el Asistente de Base de Datos en la esquina inferior derecha.
3. Ingrese el código de referencia para verificar el estado de la investigación, consultar el marco legal aplicable y obtener las pautas para aportar documentación de manera segura.
Cartografía de Gentrificación
Documentación periodística sobre el impacto del encarecimiento de vivienda y desplazamiento barrial en Medellín.
Auditoría de Infraestructura
Revisión de contratación pública. Documentación fotográfica de obras inconclusas y desvío de presupuesto estatal.
Hegemonía Mediática
Recolección de testimonios ciudadanos sobre la desconexión y sesgo de los medios tradicionales corporativos.
Estructura Tecnológica y Documental
P.R.A.X.I.S. opera bajo infraestructura independiente para garantizar la trazabilidad de los datos y evitar la censura corporativa.
Juan Quiroz
Dirección de Investigación
Análisis de datos, redacción forense e ingeniería de software para el desarrollo de la plataforma.
La Variable
Ecosistemas Digitales
Agencia encargada del soporte técnico y el diseño de estrategias de comunicación para el medio.
Project Soul
Arquitectura de Servidores
Gestión de bases de datos y seguridad de la información para salvaguardar la documentación pública.