El poder hegemónico siempre requiere eufemismos para legitimar su violencia. En Medellín, la administración local ha perfeccionado el término "recuperación del espacio público" para enmascarar un proceso agresivo de limpieza social estética. En el Parque Berrío, el epicentro neurálgico de la ciudad, esta asimetría de poder se materializa diariamente sobre los cuerpos de más de 400 mujeres tinteras.
No estamos ante un simple problema de "orden urbano". Estamos observando la destrucción planificada de un modelo de Diseño Comunal y Autonomía, tal como lo define el teórico Arturo Escobar. La calle no es un lienzo vacío esperando la gentrificación corporativa; es un territorio de resistencia popular donde las mujeres construyen tejido social y subsistencia. La persecución policial y el decomiso de sus herramientas de trabajo anulan su condición de sujetos políticos y las reducen a "obstáculos" visuales para la alcaldía.
La inconstitucionalidad del desalojo
El análisis clínico del accionar institucional expone un desacato sistemático de la ley. La Constitución Política de Colombia consagra el Derecho al Trabajo en su Artículo 25. Más aún, la Corte Constitucional, a través de las Sentencias T-772 de 2003 y la unificadora SU-087 de 2022, es inflexible: el Estado no puede ejecutar desalojos o persecuciones contra vendedores informales amparados bajo el "Principio de Confianza Legítima" sin antes proveer alternativas económicas reales y comprobables.
«"Cada vez que vemos acercarse un operativo de espacio público, no vemos orden, vemos la amenaza directa de quedarnos sin con qué alimentar a nuestros hijos en la noche. Llevamos décadas construyendo nuestra economía aquí, pero para ellos seguimos siendo invasoras."»
El testimonio recolectado en terreno expone el fracaso de la Ley 1988 de 2019. Las políticas públicas diseñadas para la formalización y protección de los vendedores informales son reemplazadas por la fuerza coercitiva y el hostigamiento.
El dato mata el relato
La contranarrativa de P.R.A.X.I.S. no se detiene en la indignación moral; exige auditoría. Ante la evidencia fotográfica de la violencia institucional desplegada en el Parque Berrío, el siguiente vector operativo es el Control Político. Se radicarán los derechos de petición correspondientes bajo la Ley 1755 de 2015 para obligar a la administración a entregar los planes técnicos de reubicación y el presupuesto asignado para salvaguardar a estas mujeres.
Desplazar a las clases precarizadas de los centros urbanos no es "desarrollo", es despojo. Es el uso de la fuerza pública para proteger los intereses del capital inmobiliario frente a quienes sostienen la economía a escala humana. Mientras el cemento avance sobre el territorio, la cámara y el dato seguirán siendo nuestras herramientas de veeduría innegociable.
