En el ecosistema político antioqueño, el manejo de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es el principal barómetro para medir la transparencia o la putrefacción de una administración. Como la joya de la corona del departamento y su principal fuente de recursos para salud y educación, sus finanzas deberían operar bajo un régimen de cristalinidad absoluta. Sin embargo, el periodismo de datos demuestra que la actual Gobernación ha optado por el oscurantismo.
En noviembre de 2020, mediante la Ordenanza No. 19 de la Asamblea Departamental, la FLA fue transformada formalmente en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE). La narrativa oficial del entonces gobierno fue la "modernización" y la necesidad de competir en igualdad de condiciones en el mercado de licores. Seis años después, la auditoría clínica sobre las plataformas de contratación estatal evidencia que esta figura jurídica se ha instrumentalizado como un cortafuegos administrativo.
Al adquirir la naturaleza de EICE, la entidad quedó facultada para regir gran parte de sus actos y contratos comerciales bajo el derecho privado, esquivando las licitaciones públicas transparentes que exige la Ley 80 de 1993.
La privatización del secreto
El Estado no puede comportarse como un feudo privado. La Ley Estatutaria 1712 de 2014 es clara respecto al principio de máxima divulgación de la información pública. A pesar de esto, las solicitudes de información emitidas por la veeduría ciudadana y la prensa alternativa frente a los estados financieros y los criterios de selección de megacontratistas son sistemáticamente rechazadas.
La excusa institucional se ampara en el "secreto comercial" y la "competitividad del mercado".
«"Se apropian del discurso de la eficiencia empresarial para esconder a quién le entregan los márgenes de distribución. Al aplicar el derecho privado, adjudican a dedo contratos multimillonarios. No es secreto industrial, es opacidad premeditada para proteger el pago de favores políticos con el dinero que debería financiar los hospitales del departamento."»
Este blindaje no es un error de diseño; es una arquitectura legal implementada deliberadamente para alejar el escrutinio social. La comunicación vertical del establecimiento emite balances de ventas históricos en sus comunicados de prensa, pero oculta la letra chica de los contratos que benefician a oligopolios de la distribución históricamente vinculados al financiamiento de campañas electorales en Antioquia.
Despliegue de Control y Transparencia
Frente a este blindaje institucional, la acción periodística debe transmutar en estrategia de veeduría. El hermetismo estatal solo se quiebra mediante el peso de la ley.
Desde la redacción de P.R.A.X.I.S., se documenta esta arquitectura de opacidad como paso previo indispensable para un futuro despliegue administrativo. La exigencia formal de la apertura total de los manuales de contratación de distribuidores constituirá el eje de nuestras acciones de control a mediano plazo. En dicho escenario, la previsible negativa de la corporación será el insumo para invocar la acción de tutela por violación al derecho fundamental de acceso a la información pública.
El patrimonio de Antioquia no le pertenece a los directorios políticos ni a los intermediarios del alcohol. La recuperación de la soberanía ciudadana comienza exigiendo que el Estado deje de comportarse como un cartel corporativo.
