La sincronía entre el recrudecimiento de la violencia armada y los calendarios electorales en Colombia no es una anomalía, es un ciclo histórico. A escasas semanas de los comicios presidenciales, el país vuelve a ser testigo de cómo el terrorismo irrumpe en los centros urbanos, desatando una onda expansiva que destruye la tranquilidad material y, simultáneamente, alimenta las maquinarias de propaganda política de las distintas facciones de poder.
La mañana del 24 de abril de 2026, la violencia se materializó en el sur de la capital del Valle del Cauca. Alrededor de las 10:40 a.m., un vehículo tipo buseta —adaptado de manera artesanal con rampas— estalló en las inmediaciones del Batallón Militar Pichincha. El operativo criminal buscaba lanzar cilindros bomba hacia el interior de la instalación castrense. El informe del CTI y el Ejército confirmó que dos mujeres civiles resultaron heridas y se presentaron daños de infraestructura. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, en gran parte debido a que la mayoría de los cilindros no detonaron y debieron ser desactivados de manera controlada por técnicos antiexplosivos.
La materialidad del hecho y la capitalización del pánico
Frente al pánico desatado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazaron enérgicamente el ataque. Exigieron al Gobierno Nacional acciones contundentes, argumentando que el terrorismo opera desde las montañas del sur del Valle y norte del Cauca, utilizando a Cali como laboratorio delictivo.
Sin embargo, más allá del reclamo urgente de seguridad por parte de las autoridades locales, el evento fue absorbido y mutado inmediatamente por el ecosistema mediático y político nacional.
La teoría de las mediaciones nos advierte sobre cómo se encuadra el miedo. En tiempos preelectorales, el terror no se informa; se instrumentaliza. Históricamente, las élites políticas han utilizado estos picos de violencia para revitalizar las narrativas de la "seguridad democrática" y la "mano firme". El miedo ciudadano se convierte en la moneda de cambio perfecta para polarizar al electorado, simplificando crisis complejas de orden público y control territorial en un teatro de acusaciones donde se culpa sistemáticamente a los adversarios políticos, demonizando las posturas contrarias y saturando las redes con desinformación.
La veeduría frente al show mediático
El deber del periodismo forense es frenar este péndulo. Es imperativo condenar la barbarie de los actores armados que usan las ciudades como tablero de guerra y a la población civil como daño colateral. Pero simultáneamente, la ciudadanía debe ejercer una auditoría radical sobre cómo las estructuras de poder empaquetan esta violencia.
Ni el negacionismo que intenta blindar a la administración de turno, ni la capitalización del pánico por parte de quienes exigen regresar a doctrinas de guerra total, solucionan la fractura estructural del territorio. La soberanía no se logra cediendo ante el terror, ni tampoco comprando discursos salvadores impulsados por el pánico mediático. Exige transparencia, presencia estatal efectiva y la deconstrucción del show político que se lucra con la zozobra.
